El doble discurso del gobierno bonaerense quedó expuesto este martes con una brutalidad administrativa que contradice la retórica de apertura pregonada por Axel Kicillof. Mientras el Gobernador recorre actos pidiendo «democratizar» el peronismo y terminar con las decisiones que «bajan» desde arriba, su ministro de Trabajo, Walter Correa, ejecutó el despido sumario de un asesor por el simple hecho de cuestionar políticamente a Cristina Kirchner. La víctima de esta purga ideológica fue Eduardo Felipe Vallese, quien fue removido «inmediatamente» de sus funciones por haber solicitado ante la Justicia Electoral la renuncia de la ex mandataria a la conducción del Partido Justicialista.

La justificación oficial del despido funcionó como una confesión de parte sobre la falta de libertad de expresión dentro del gabinete provincial. A través de un descargo público, Correa admitió sin rodeos que en su ministerio «no hay lugar para librepensadores inorgánicos», instaurando una doctrina donde la obediencia facciosa es requisito excluyente para mantener un cargo público. El ministro calificó el pedido de Vallese como una «decisión inconsulta» que carece de su aval, dejando en claro que cualquier movimiento que desafíe la hegemonía de la ex presidenta, a quien defendió como víctima de la «oligarquía», se paga con la expulsión.

La gravedad institucional del hecho se ve potenciada por el peso simbólico del funcionario desplazado: Vallese es hijo de Felipe Vallese, el primer militante peronista desaparecido, un apellido sagrado para la liturgia del movimiento. Sin embargo, ni la historia familiar ni la legitimidad de su reclamo como afiliado al PJ bastaron para protegerlo de la censura interna. Su intención de recurrir a la jueza María Servini para oxigenar la conducción partidaria chocó de frente con la verticalidad de una gestión que, paradójicamente, intenta diferenciarse de las prácticas cerradas de La Cámpora pero replica sus métodos de disciplinamiento cuando se toca el liderazgo de Cristina.

Este episodio dinamita la narrativa de renovación que Kicillof intentó instalar hace apenas unos días en la Universidad Nacional de Quilmes. Allí, el mandatario había exhortado a la militancia a «patear la mesa» y construir una alternativa «participativa» frente a los pensamientos únicos. Sin embargo, la realidad de su administración demuestra que la tolerancia al disenso es nula. Mientras el Gobernador habla de abrir el juego y discutir el futuro, sus funcionarios aplican el rigor del aparato estatal para silenciar voces críticas, confirmando que la «democracia interna» que se proclama en los discursos no tiene correlato en la práctica del poder bonaerense.