La medida será por 12 meses y quedó a cargo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Desde Nación justificaron la medida “como resultado de la falta de respuestas concretas ante las inspecciones efectuadas”.

El Gobierno nacional intervino el Puerto de Ushuaia por un plazo de 12 meses luego de detectar irregularidades financieras y desvíos de fondos en su administración. La decisión fue adoptada a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que asumió el control de la terminal marítima fueguina tras constatar el uso de recursos portuarios para fines ajenos al mantenimiento y mejora de la infraestructura.

La resolución fue firmada por el titular del organismo, Iñaki Arreseygor, mediante la Resolución 4/2026. Según explicaron fuentes oficiales, la intervención se dispuso “como resultado de la falta de respuestas concretas ante las inspecciones efectuadas, las denuncias de vaciamiento realizadas por los trabajadores y la preocupación de las empresas navieras que allí operan”. Desde la ANPyN señalaron además que la administración provincial no cumplió con la Ley de Puertos.

Entre los puntos observados, el Gobierno indicó que “se constató que la administración del gobierno provincial de Tierra del Fuego usó un 33% del presupuesto para subsidios de las arcas de la provincia, dejando solo un 1,3% para realizar obras y servicios que mejoren la calidad de los servicios brindados”. También se detectaron deficiencias en la infraestructura y en los registros administrativos y contables del puerto.

Desde la provincia, el gobernador Gustavo Melella rechazó la decisión y sostuvo que no comparte “ni la medida ni sus fundamentos” y que “no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”. En paralelo, desde Nación deslizaron que el conflicto podría encauzarse si se desplaza al titular de la Dirección Provincial de Puertos, al tiempo que remarcaron que la intervención responde exclusivamente a las irregularidades detectadas y no a motivos políticos.