El Gobierno porteño detectó irregularidades masivas: desde lugares que no funcionaban hasta jubilados de privilegio anotados para recibir raciones. «Se terminaron los curros», sentenció Macri.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, decidió llevar la pelea contra los intermediarios de la ayuda social a la Justicia y denunció penalmente este lunes al dirigente Juan Grabois por la supuesta administración de «comedores fantasma». Con un mensaje durísimo, el mandatario aseguró que «el negocio de la pobreza tiene nombre y apellido» y sentenció que «en la Ciudad se terminaron los curros». La presentación judicial surge de una auditoría exhaustiva realizada por el Ministerio de Desarrollo Humano, que arrojó resultados escandalosos sobre el destino de los fondos públicos: detectaron que 40 de los 500 comedores asistidos por el Estado no prestaban servicio o inflaban las cifras para recibir mucha más mercadería de la que realmente entregaban a los vecinos.

Pero lo más grave de la investigación apareció al cruzar los padrones de los supuestos beneficiarios con los registros oficiales. El relevamiento identificó a 454 personas fallecidas que figuraban como receptoras activas de comida, además de gente con un poder adquisitivo que no se condice con la asistencia social. Según los datos aportados a la causa, había más de 1.500 personas con dos o más autos a su nombre, inscriptos en categorías altas del Monotributo y hasta ciudadanos con ingresos mensuales registrados superiores a los 5 millones de pesos que aparecían cobrando raciones del Estado. El Gobierno porteño apuntó sus cañones específicamente contra el Movimiento Popular La Dignidad, una organización alineada con Grabois, acusándola de ser parte central de este esquema de captación indebida de recursos.

Esta denuncia marca un nuevo punto de ebullición en la relación entre la gestión del PRO y el dirigente social, que ya venía caldeada tras los cruces verbales por el desalojo de una cooperativa en Parque Avellaneda a principios de enero, donde Grabois había tratado al alcalde de «rata». Para evitar que las irregularidades continúen, la Ciudad confirmó que ya implementó un nuevo sistema de fiscalización digital que obliga a los comedores a validar la entrega de cada ración con un código QR, una medida que, según explicaron, fue clave para detectar el fraude y dar de baja más de 5.000 prestaciones que no llegaban a quienes realmente lo necesitaban.