Según Noticias Argentinas, La Agencia Nacional de Puertos advirtió que la falta de mantenimiento en los muelles pone en riesgo la actividad. El Gobierno nacional responsabilizó al gobernador Melella por desviar el 33% de los ingresos para gastos políticos, provocando un escenario de inseguridad para la navegación y el turismo.

El Gobierno nacional decidió intervenir el puerto de Ushuaia por el plazo de un año, desplazando a las autoridades provinciales tras una auditoría que reveló un escenario de «vaciamiento financiero» y «riesgo operativo». La medida, ejecutada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, busca sanear las cuentas y evitar el colapso de una terminal clave para la logística antártica y el turismo, cuya administración estaba bajo la órbita del gobernador Gustavo Melella.

El informe técnico que motivó la decisión describe un estado de abandono alarmante en la infraestructura. Los inspectores federales detectaron faltantes de pilotes en los muelles, defensas rotas y un deterioro avanzado en la carpeta asfáltica, condiciones que comprometen la seguridad de los buques y de los operarios. Según la Nación, la falta de mantenimiento convirtió al puerto en una «zona de peligro» que requería acción inmediata.

Sin embargo, el eje del escándalo pasa por el manejo de los recursos. La denuncia sostiene que la gestión de Melella utilizaba la recaudación portuaria como una «caja política» para cubrir agujeros del presupuesto provincial. Los datos de la auditoría indican que el 33% de los ingresos se desviaba para financiar subsidios y el déficit de la obra social estatal (OSEF), mientras que apenas un 1,3% se reinvertía en las obras que la terminal necesitaba con urgencia.

El desmanejo administrativo incluyó hallazgos insólitos en las contrataciones. El reporte oficial detalla que la administración local tercerizaba compras millonarias a través de una empresa sin ninguna idoneidad técnica para el sector naval, habilitada en rubros como la «venta de pelucas, paraguas y termos». Esta falta de transparencia en los procesos licitatorios fue el detonante final para la intervención federal.

Mientras el gobernador Melella rechazó la medida calificándola de un atropello a la autonomía de Tierra del Fuego, desde la Casa Rosada ratificaron que la prioridad es la seguridad operativa. La intervención, que contará con el apoyo de la Prefectura Naval, tendrá como objetivo principal auditar la totalidad de los números y ejecutar un plan de obras de emergencia para garantizar la operatividad de la temporada.