La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un reclamo ante la Organización de las Naciones Unidas en el que denunció una “proscripción” y solicitó que se deje sin efecto la condena que le impide competir por cargos públicos. Su defensa pidió al organismo internacional que intervenga sobre la sentencia judicial y la inhabilitación perpetua.

Según la información publicada, la firma habría sido beneficiada con compras y contrataciones del sistema sanitario bonaerense durante los últimos años. La relación entre Alfarma y García Furfaro quedó bajo la lupa luego de que su nombre apareciera asociado a la investigación judicial que analiza la distribución de medicamentos vinculados a los casos de contaminación con fentanilo.

El caso generó cuestionamientos sobre los controles aplicados en los procesos de adquisición de medicamentos y sobre los mecanismos de seguimiento a las empresas proveedoras del sistema de salud provincial. La Justicia continúa investigando las responsabilidades y el alcance de las operaciones realizadas.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la contratación de una firma vinculada a uno de los protagonistas de la causa abrió un nuevo foco de críticas hacia la administración bonaerense y la gestión de los recursos destinados al área de salud.