Las arcas públicas reciben dinero que legalmente debe destinarse a obras de contención de inundaciones. Este desvío de recursos revela cómo fondos específicamente asignados terminan siendo absorbidos por necesidades más amplias del erario nacional, dejando incumplidas las obligaciones establecidas en la ley.

El capital existe. Lo que falta es la decisión de aplicarlo según su propósito original. Así lo documentan estudios sobre la ejecución presupuestaria que muestran esta desconexión entre lo prescripto legalmente y lo que efectivamente ocurre.

En contextos de presiones fiscales, los gobiernos frecuentemente recurren a reasignaciones de fondos etiquetados para financiar necesidades inmediatas. El resultado es que áreas prioritarias como la prevención de desastres naturales quedan postergadas. En este caso particular, el fondo destinado a inundaciones se convierte en una fuente de financiamiento para el Tesoro.

Esto genera lo que los analistas denominan como un escenario de «superávit de maquillaje» combinado con «déficit de obras». La gestión se comunica, pero no se materializa. Las promesas de intervención preventiva no encuentran correspondencia en proyectos concretos ejecutados en territorios.

Las regiones históricamente afectadas por inundaciones permanecen vulnerables. Sin obras de contención, drenaje o sistemas de prevención, estas comunidades siguen expuestas a eventos climáticos extremos. La falta de ejecución de infraestructuras proyectadas deja un vacío en la política pública de mitigación de riesgos.

Esta situación plantea desafíos en términos de prioridades estatales y accountability. Cuando fondos etiquetados para un objetivo específico son desviados, se incumple con el mandato legal y se impacta en la capacidad estatal de resolver problemas estructurales. La brecha entre lo normativo y lo ejecutado sigue siendo un problema sin resolver en la administración pública.

Imagen: Kindel Media / Pexels – Con informacion de Clarín Rural