En un escenario de restricciones crediticias en pesos, la relación entre préstamos en dólares y depósitos trepó a niveles no vistos desde 2019. La flexibilización de regulaciones que impulsa el Gobierno apunta a posicionar al dólar como eje del financiamiento, buscando destrabar una economía que encuentra obstáculos en el crédito tradicional.

La estrategia reconoce una realidad: muchas operaciones de inversión y consumo no pueden concretarse bajo el esquema actual de financiamiento en pesos. Al abrir la puerta del crédito en dólares, se intenta reactivar canales que de otro modo permanecen cerrados.

Los beneficios potenciales son claros. Personas y empresas acceden a recursos que de lo contrario no obtendrían, reduciendo presiones sobre el mercado negro y evitando que capital productivo quede paralizado. Es un alivio temporal pero necesario para sectores que sufren restricción crediticia severa.

No obstante, esta apuesta implica riesgos que no pueden minimizarse. El endeudamiento en moneda extranjera crea una dependencia del tipo de cambio que puede resultar devastadora. Un movimiento adverso en la cotización del dólar amplifica automáticamente el peso de las deudas para quienes ganan en pesos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

La pregunta que flota en el aire es si continuará el aumento de este ratio tras la flexibilización. Dependerá de cómo evolucione la confianza en la estabilidad del peso, qué suceda con las reservas de dólares disponibles, y si los tomadores de crédito logran generar ingresos suficientes en divisas para servir sus deudas.

Lo cierto es que el Gobierno está navegando entre la urgencia de reactivar el crédito y los riesgos inherentes a una economía dolarizada. El éxito de esta estrategia no es garantizado y dependerá de variables que escapan a menudo al control de corto plazo.

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