El proyecto enviado por el Gobierno al Congreso busca endurecer las consecuencias para empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina. La iniciativa contempla multas, inhabilitaciones y penas de hasta 20 años de prisión, en una nueva etapa del reclamo que también incorpora el respaldo internacional de socios estratégicos como Estados Unidos.

El Gobierno nacional presentó en el Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca ampliar las herramientas legales del Estado frente a actividades vinculadas a la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y espacios marítimos considerados argentinos.

La propuesta establece un esquema más severo de sanciones para quienes participen de estas actividades sin autorización argentina, incluyendo empresas, accionistas, directivos y proveedores vinculados a los proyectos.

Entre las medidas contempladas aparecen inhabilitaciones comerciales de hasta 20 años, restricciones para operar en Argentina y sanciones económicas vinculadas al valor internacional del petróleo. Además, para determinados delitos relacionados con la exploración, explotación, extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, el proyecto prevé penas de prisión que pueden llegar hasta los 20 años.

La iniciativa se suma a los procedimientos sancionatorios que el Gobierno ya inició contra empresas y personas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en la zona de Malvinas. Según informó la Oficina del Presidente, las medidas alcanzan no solo a compañías operadoras, sino también a accionistas y empresas proveedoras de servicios asociados.

El anuncio se produce en un contexto de mayor protagonismo internacional de la cuestión Malvinas, luego de las declaraciones de Donald Trump sobre una posible revisión de la posición histórica de Estados Unidos frente a la disputa. Desde el Gobierno argentino consideran que el vínculo estratégico con Washington abre una oportunidad para fortalecer el reclamo diplomático.

Durante su discurso, Javier Milei afirmó que “debemos actuar hoy en función del futuro” y planteó que la soberanía requiere pasar de las declaraciones a herramientas concretas que permitan defender los intereses argentinos.

Con esta nueva estrategia, el Gobierno busca combinar respaldo internacional, presión económica y herramientas jurídicas para aumentar los costos de quienes desarrollen actividades que Argentina considera contrarias a su reclamo de soberanía.