Mediante resolución administrativa, el Gobierno nacional ha eliminado el fondo que asumía el costo de pasajes gratuitos en transporte público para personas con discapacidad e infantes oncológicos. Pese a ello, la facultad de acceder sin pagar continúa siendo exigible y goza de respaldo normativo.

El oficialismo fundamentó la decisión argumentando que «las compensaciones que estaban previstas en resoluciones anteriores no cuentan con fundamentación presupuestaria ni legal para mantenerse». Este cambio apunta a reconstruir la arquitectura de financiamiento detrás de estas prestaciones críticas.

El derecho a la gratuidad en transporte sigue siendo válido y operativo, aclaró la administración. Aunque se derogue el mecanismo de fondeo anterior, la obligación estatal de concretar este derecho subsiste en toda su magnitud.

Asociaciones que nuclean a personas con discapacidad señalaron su inquietud sobre cómo esta transición afectará el ejercicio práctico del beneficio. Expresaron preocupación ante potenciales complicaciones administrativas que podrían obstaculizar el acceso real.

La legislación nacional de largo alcance ha consagrado como derecho la movilidad sin costo para estos colectivos históricamente postergados. En años recientes, esta prestación resultó fundamental para avanzar en inclusión social efectiva.

Las autoridades aclararon que la derogación no implica la supresión de hecho del derecho. Subrayaron que el objetivo radica en optimizar la estructura de fondeo para garantizar sustentabilidad de largo plazo.

En los próximos días se espera que el Gobierno presente precisiones acerca del financiamiento alternativo mediante el cual se sostendrá este derecho garantizado.

Imagen: http://www.kaboompics.com / Pexels – Con informacion de La Nación