Las revisiones fueron impulsadas por la actual conducción del organismo, revelando situaciones consideradas anómalas, como la facturación de servicios que superarían el tiempo real de atención posible de los profesionales y la emisión de órdenes electrónicas a personas ya fallecidas.

Una serie de auditorías internas realizadas en la obra social de jubilados permitió detectar posibles irregularidades en la facturación de prestaciones médicas en distintos puntos del país. Las inspecciones derivaron en la suspensión preventiva de pagos y en la presentación de denuncias ante la Justicia federal.

El foco principal de la investigación se concentra en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Acebal, donde un médico cardiólogo identificado como M. G. A. quedó bajo investigación tras un operativo de la Policía Federal en su consultorio y domicilio particular.

La causa es seguida por la Unidad Fiscal Rosario, con intervención de los fiscales Javier Arzubi Calvo, Andrés Montefeltro y Virginia Sosa. De acuerdo a las estimaciones preliminares, el presunto perjuicio económico alcanzaría los 700 millones de pesos, de los cuales la obra social ya habría desembolsado alrededor de 580 millones.

En paralelo, los auditores detectaron inconsistencias en otras jurisdicciones como Córdoba, Chaco y distintos municipios del conurbano bonaerense, entre ellos Lanús, San Justo y Quilmes. Desde la conducción del organismo remarcaron que las medidas adoptadas no afectarán la continuidad de la atención médica de los afiliados y que “auditar no significa perseguir”.