El paro docente convocado por CTERA dejó un saldo de respuestas contradictorias en las escuelas porteñas y bonaerenses. Mientras algunas permanecieron operativas, otras se sumaron a la medida de protesta laboral con diferentes niveles de intensidad en el acatamiento.

En paralelo, desde algunos espacios educativos se impartieron instrucciones para impedir que los inspectores nacionales obtuvieran información sobre el funcionamiento de las instituciones. Esta acción constituye un mecanismo de resistencia contra los operativos de control que despliega el Gobierno para supervisar el cumplimiento de estándares educativos mínimos.

El Gobierno nacional, a través de sus inspecciones, persigue verificar que exista una presencia mínima del 75% del personal en las escuelas, independientemente de la medida de fuerza que se esté desarrollando. El objetivo es asegurar que los servicios educativos no se interrumpan de manera total durante episodios de conflictividad gremial.

Esta tensión entre el sector docente y las autoridades nacionales expone las fricciones existentes en el ámbito educativo respecto a cómo manejar los conflictos laborales sin comprometer la continuidad de la enseñanza. La estrategia de no proporcionar datos a los inspectores busca obstaculizar la fiscalización oficial.

La distribución desigual del acatamiento del paro sugiere que las decisiones sobre adherencia varían según criterios locales, jurisdiccionales y organizacionales. No existe un frente unificado en el sector educativo respecto a esta medida de fuerza.

Para quienes dependen de la educación pública, los resultados fueron diversos: algunos estudiantes tuvieron clases con docentes ausentes, otros no asistieron a establecimientos cerrados, y un tercer grupo encontró escuelas que funcionaban normalmente. La falta de coordinación central en la implementación generó escenarios mixtos en todo el territorio abarcado por la protesta.

Imagen: Jeisson Ortiz / Pexels – Con informacion de Clarín